Nuestra instituciónEl nacimiento del Ombudsman o Defensor del Pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde surgió como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración pública en favor de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Defensoría atiende -en todo el país- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.
La Defensoría del Pueblo es, pues, un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.
En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas.
Con el fin de defender los derechos humanos y el principio de suprema-cía constitucional, la Defensora del Pueblo está facultada para intervenir en los procesos constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumpli-miento. Su intervención puede efectuarse mediante diversas modalida des. Así, puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos en trámite como coadyuvante o presentando escritos como el amicus curiae y puede presentar informes u opiniones a solicitud de las partes o del Tribunal Constitucional.
De acuerdo a la normativa legal vigente, la institución debe proporcionar información mensual y trimestral sobre personal, contrataciones, información financiera y presupuestal, así como por otros conceptos. En la actualidad, la referida información puede ser consultada en el Portal de Transparencia Institucional así como en el Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano
La Defensoría del Pueblo ha suscrito diversos convenios de cooperación con distintas instituciones de los ámbitos nacional e internacional, tanto públicas como privadas. Ver aquí la lista de convenios. Asimismo, consulte la relación de organismos cooperantes.
- Defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad.
- Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
- Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Eduardo Vega (e)
2011
Jorge Santistevan
1996 - 2000
Walter Albán (e)
2000 - 2005
Beatriz Merino
2005 - 2011
El 28 de marzo de 1996 se eligió como primer Defensor del Pueblo al doctor Jorge Santistevan quien abrió las puertas de la institución para atender al público el 11 de septiembre de ese mismo año. Posteriormente, el doctor Walter Albán ocupó dicho cargo interinamente entre el 30 de noviembre del 2000 y el 15 de septiembre del 2005. Ese mismo año, el Congreso eligió a la doctora Beatriz Merino como Defensora del Pueblo, quien dirigió la institución entre el 15 de noviembre del 2005 y el 31 de marzo del 2011. La sucedió el doctor Eduardo Vega, quien, en la actualidad, ejerce el cargo de Defensor del Pueblo.
En la Defensoría del Pueblo existe un especial interés en promover acciones que contribuyan a generar un cambio cultural en la sociedad y en el Estado, que nos permita avanzar como comunidad, en la consolidación de la institucionalidad democrática y la vigencia efectiva de los derechos humanos. Ello permitirá no solo reconocer y difundir aportes destacables y significativos en estas materias, sino generar un espacio de reflexión, desde el cual se pueda ejercer un rol pedagógico sobre la necesidad del respeto a los valores esenciales que deben guiar la actuación de las personas y las instituciones en el marco de un modelo de Estado Constitucional.
Por estas razones, en el año 2006, la Defensoría del Pueblo creó el premio que concede la Medalla "Defensoría del Pueblo" como un reconocimiento a quienes han participado con singular propósito en la promoción, defensa y consolidación del orden constitucional, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
El premio consiste en la imposición de una medalla y la entrega de un diploma en ceremonia pública.Ver convocatoria 2012.
